Firmafy - Firma electrónica para empresas
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Se acerca el final de este año 2021 y con él empiezan las novedades en el ámbito empresarial sobre transformación digital.

Rapidez, inmediatez, eficiencia… Las iniciativas legislativas no cesan sino todo lo contrario. Tanto a nivel nacional como a nivel europeo se están generando diferentes acciones que cambiarán el paradigma empresarial que conocemos en la actualidad.

El marco normativo para los negocios digitales, las novedades en inteligencia artificial o en propiedad intelectual son solo algunas de las iniciativas que se pondrán en marcha en los próximos meses.

A continuación, hablamos sobre las 8 nuevas regulaciones que afectarán a los negocios digitales en los próximos años:

 

¿Está estudiando la Comisión Europea cambios en los servicios audiovisuales y en propiedad intelectual?

La Directiva de Servicios Audiovisuales se va a implementar en España a lo largo del primer semestre de 2022.

España ha aprobado su aplicación cinco meses después del plazo fijado por la Comisión Europea.

Se aplicará mediante Real Decreto, aprobado el 2 de noviembre por el Consejo de Ministros.

Esta iniciativa llega con el fin de adaptar el marco regulatorio al ámbito de la digitalización y la era tecnológica y de respetar los derechos de autoría en el marco del gran negocio virtual. 

Los contenidos que se publiquen en Internet, por ejemplo, en Youtube o Facebook, tendrán como responsables a las plataformas donde se alojen.

Aún se desconocen cuáles serán las claves de la Directiva de Servicios Audiovisuales. Habrá que esperar para conocer la financiación de RTVE, entre otros factores.

 

¿Cómo será la reforma de la regulación de las telecomunicaciones?

La Unión Europea se está preparando para la era del 5G.

En el mes de septiembre, Bruselas dio dos meses a España como plazo para terminar el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas.

Desde la Unión Europea consideran esencial establecer una base sólida y competitiva que incluya el desarrollo de las telecomunicaciones y la economía digital.

Habrá que esperar para conocer cuáles son las exigencias para los operadores de comunicaciones electrónicas con respecto a la relación con los consumidores.

La aplicación de esta regulación incluye también a los nuevos operadores de servicios de comunicaciones digitales.

 

¿Está el refuerzo en ciberseguridad incluido en la propuesta de la Comisión Europea?

La Comisión conoce la necesidad de ofrecer respuestas avanzadas y coordinadas en el ámbito de la ciberseguridad.

Por eso, propuso a todos los países de la Unión Europea la creación de una nueva unidad informática conjunta con el fin de hacer frente al número de incidentes en la red que afectan a los servicios públicos, a empresas y a usuarios.

Además, impuso como medida fundamental la revisión de la Directiva NIS (Network and Information Systems).

Los países de la Unión Europea establecerán una regulación para garantizar que los dispositivos conectados que sean esenciales en la industria 4.0 cumplan con los estándares de seguridad informática.

En este caso, España va en cabeza y se coloca como segunda potencia a nivel europeo en ciberseguridad, por lo que las acciones de nuestro país en este ámbito están siendo eficaces.

 

¿Cómo afectará el nuevo marco normativo de la Comisión Europea a la firma electrónica, protección de datos e inteligencia artificial?

El 11 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 6/2020 que regulaba los determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.

Esta ley introducía un cambio: únicamente estarían capacitadas para firmar de manera electrónica las personas físicas.

Las personas jurídicas o las entidades sin personalidad jurídica tendrían que hacer uso de los sellos electrónicos para garantizar la autenticidad de los documentos y podrían actuar a través de certificados de firma por personas físicas que legalmente las representen.

Esta Ley 6/2020 derogaba así la antigua Ley 59/2003 de firma electrónica.

Los cambios no cesan aquí. La Unión Europea está aún revisando el proyecto de identidad digital mediante la modificación del Reglamento eIDAS.

La Comisión está estudiando la creación de un sistema único de registro en la Unión Europea para establecerlo como medida obligatoria para los servicios digitales cuando exista un registro manual.

En cuanto a materia de protección de datos, la Comisión Europea, a través del Data Governance Act, pretende crear un marco legal que permita el intercambio de datos de forma segura.

La Unión Europea quiere impulsar la promoción y reutilización de datos del sector público a través de un mecanismo específico para permitir su utilización sin vulnerar la privacidad.

Se limitará el acceso a datos almacenados en dispositivos de usuarios finales y habrá que prestar atención para averiguar en qué casos los proveedores de servicios tendrán autorización para tratar datos de comunicaciones electrónicas.

La Comisión Europea también está implantando nuevas estrategias en materia de inteligencia artificial.

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¿Se regulará la situación de los criptoactivos y criptomonedas en nuestro país?

Criptoactivos, tokens, criptomonedas… Cada vez se escuchan más este tipo de conceptos, pero su regulación está aún en proceso.

Estos conceptos están totalmente vinculados al mundo digital y financiero por lo que hay que poner una solución a la falta de regulación en este mercado.

El Parlamento Europeo para poner fin a esta situación ha propuesto el Reglamento Europeo de Criptomonedas (MICA).

La Comisión pretende crear e implantar un marco regulatorio que ofrezca seguridad jurídica a los inversores y usuarios de este mercado.

Además, desea fomentar la innovación y garantizar la estabilidad financiera.

Respecto a los prestadores de servicios de criptoactivos, el Parlamento establece como obligación la autorización de los mismos para la prestación de este tipo de servicios por una autoridad competente.

Los prestadores tendrán que tener un domicilio social en la Unión Europea, contar con seguros sociales, etc.

En España aún no hay una ley oficial para este tipo de mercado, pero a través de la legislación sobre prevención de blanqueo de capitales, aprobada el 28 de abril de 2020, se introducen las regulaciones de este ámbito.

El Real Decreto Ley 7/2021 establece la primera definición de criptomoneda en España:

«Se entenderá por moneda virtual aquella representación digital de valor no emitida ni garantizada por un banco central o autoridad pública, no necesariamente asociada a una moneda legalmente establecida y que no posee estatuto jurídico de moneda o dinero, pero que es aceptada como medio de cambio y puede ser transferida, almacenada o negociada electrónicamente».

Los operadores de servicios de criptomonedas están obligados a través de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo a establecer medidas de prevención de blanqueo.

Estos operadores tendrán que solicitar la justificación del origen de los fondos con los que van a operar, independientemente de si es para adquirir o para intercambiar criptomonedas.

Por otra parte, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está debatiendo sobre la regulación de la publicidad de los criptoactivos.

Esta regulación entrará en vigor en España en el año 2022.

 

¿Conoces la ‘Ley Rider’?

El 12 de agosto entró en vigor la ‘Ley Rider’ a través del Real Decreto Ley 9/2021 en España por el que se adoptan medidas para la protección de los derechos laborales de los trabajadores dedicados al reparto domiciliario a través de plataformas digitales.

Esta Ley obliga a las empresas a declarar a los repartidores como trabajadores asalariados en régimen general y en ningún caso como autónomos.

La Comisión Europea está estudiando posibles novedades legislativas a nivel europeo que afecten a los repartidores a domicilio para mejorar sus condiciones laborales.

 

¿Qué novedades presenta el Proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las startups?

Este proyecto nace con el objetivo de impulsar y promover el emprendimiento de las startups en España.

Supone un avance muy positivo para el crecimiento y la consolidación de la innovación en el mundo empresarial, así como para la colaboración entre pymes, grandes compañías y startups.

Está orientado a la atracción del talento y capital internacional.

Además, tiene como objetivo principal impulsar la flexibilización de las actividades y trámites que tienen que realizar las empresas emergentes con la administración.

Algunas de las medidas cruciales que se han implantado en este sentido han sido la reducción del tipo impositivo en el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de no residentes para la startups.

Del tipo general, la reducción será del 25% al 15% en el primer período impositivo en el que la base imposible sea positiva y en los tres siguientes siempre que se mantenga la calificación de startup.

También se incluye la posibilidad para que las startups soliciten el aplazamiento de la deuda tributaria del impuesto de sociedades o del impuesto sobre la renta de no residentes en el primer ejercicio en el que la base imponible sea positiva.

En cuanto a las ‘stock options’, se eleva el importe de la exención de 12.000 a 45.000 euros anuales en el caso de que se produzca la entrega de acciones o participaciones derivadas del ejercicio de compra por parte de startups.

Para trabajadores que se encuentren en territorio español disfrutando de la modalidad de teletrabajo, se relajan los requisitos para poder someterse al impuesto sobre la renta de no residentes.

Antes el requisito para acceder a este régimen era de 10 años. En la actualidad, ha pasado a ser de 5 años.

El impulso del emprendimiento digital es una de las medidas recogidas en la agenda España Digital 2025. Todas estas nuevas regulaciones están en fase de desarrollo y la Comisión Europea estudiará sus avances y progresos.

¿Qué te parecen este tipo de medidas para el mercado español? No olvides dejar tu comentario más abajo, ¡nos encanta leerte!

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